Antecedentes Antecedentes

 

Antecedentes de la Junta de Transparencia y Ética Pública - JUTEP

( Ex Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado)

 

 

Desde el año 1996 todos los partidos políticos uruguayos  impulsaron la idea de abordar a nivel legislativo, los problemas planteados por  la corrupción - flagelo que rondaba el mundo y al cual Uruguay no era ajeno - a nivel del Estado y la Administración Pública. Si bien en nuestro país existía una larga tradición de honestidad, tanto en el ejercicio de la función pública como en la privada, y a pesar de la opinión unánime de que no se había ingresado en una etapa de corrupción endémica, se entendió que existían manifestaciones de ese fenómeno y que por tanto era necesario disponer de  instrumentos hábiles para combatirlo.

 

Dentro de ese escenario, el país suscribió en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC), y la ratificó internamente mediante la Ley Nº 17.008 de 25 de setiembre de 1998.
 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo sometió a consideración parlamentaria un proyecto de ley que preveía la creación de una Comisión Nacional de Transparencia Pública, como organismo central con amplias facultades en la Investigación de hechos de corrupción en las etapas previas a las judiciales. Pero en el debate parlamentario se entendió que la creación de un organismo de la envergadura propuesta, provisto de vasta capacidad de acción, dotado de amplias facultades de Investigación y con alta injerencia en la vida pública del país, podía constituir un riesgo a los equilibrios institucionales y al mismo tiempo significar un contrapeso excesivo a las debidas garantías que también deben contemplarse en esta materia.

Tras largas discusiones y negociaciones el Parlamento, mediante la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998,  resolvió crear la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, organismo integrado por tres miembros, designados previa venia del Senado con la mayoría de 3/5. Se procuró así, mediante la integración plural, conformar un órgano de amplia representatividad, establecer una garantía adicional y  adoptar un mecanismo idóneo para reducir el riesgo de posibles errores. La elección de los miembros, según señaló el miembro informante de la Cámara,  "debe recaer en personas independientes que no tengan una línea política determinada, o que , en caso de tenerla no les duelan prendas, de modo que ese hecho no les impida actuar en un organismo de esa naturaleza".

Fue intención del legislador que la Junta Asesora asumiera funciones de perito auxiliar de la Justicia Penal pero sin facultades de Investigación, dado que éstas, como las de instrucción, son de carácter jurisdiccional. La ley Nº 17.060 le asignó cometidos concretos como órgano de control superior (de acuerdo a lo tal como se la concibe en el Art. III, numeral 9 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por ley Nº 17.008) en todo lo que supone la lucha contra la corrupción, en sujeción a la obligación internacional asumida por el país (Art. III, numeral 9 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción), atribuyéndole la facultad de asesorar a la Justicia Penal en los delitos contra la Administración Pública y la Economía y la Hacienda Pública cometidos por ciertos funcionarios públicos de alta jerarquía.

En una primera fase, de acuerdo al numeral 8 del artículo 4 de la Ley Nº 17.060,  la Junta Asesora fue situada bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, extremo fuertemente cuestionado por ser, a su vez, éste el jerarca de los órganos a los que aquella debía asesorar.  El artículo 334 de la Ley Nº 17.296 de 21 de diciembre de 2001, corrigió esta situación, estableciendo  a la Junta como un Cuerpo con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, ubicándolo para fines presupuestales  como Unidad Ejecutora del Inciso 11, correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura.

 

En el año 2008,  por disposición de la Ley Nº 18.362, el organismo pasó a denominarse Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) manteniendo las funciones y cometidos asignados por la Ley Nº 17.060, instrumento que contiene normas referidas al uso indebido del poder público, extiende y profundiza la transparencia estatal, modifica la legislación penal sobre delitos de corrupción,  y obliga a determinadas categorías de funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos. 

Información Actual Información Actual

Cambio del valor del timbre profesional

A partir del 1 de Julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, el valor del timbre profesional exigido para la presentación de las declaraciones juradas de bienes e ingresos, será de $ 160.

 

Horario de Declaraciones Juradas

L a V de 12:30 a 18:00 hs.

Desde el 13/03/17 hasta el 08/12/17

Accesos Rápidos Accesos Rápidos

DJE

Acceso al nuevo sistema de declaraciones juradas electrónicas.

Obligado

- Obligados

Funcionarios públicos que deben presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos.

Nexos

- Nexos

Responsables ante la JUTEP de cada organismo/repartición.

Ciudadano

- Ciudadanos

Público en general.

Titulares

- Titulares

Los titulares o jerarcas del organismo/repartición.

Investigadores

- Investigadores

Investigadores o colegas de otros gobiernos.

Periodista

- Periodistas

Periodistas nacionales o internacionales.

Proveedores

- Proveedores

Empresas que proveen servicios o productos a alguna dependencia del gobierno.